Los violentos pidieron entradas y micros para ir a la cancha de Arsenal, en Sarandí, el 16 de julio.

El fiscal Marcelo Fenol ayer brindó detalles muy precisos de la denuncia penal presentada por el apoderado del local nocturno Rapoza, Roberto Moyano, contra el ahora exsecretario de Seguridad Diego Hak. En esencia, esa denuncia indica que Hak recibía dinero de coimas para que la Policía de la Provincia de Córdoba no interrumpiera el funcionamiento de Rapoza.“Según Moyano, el padre de Diego Hak tenía un rol en la estructura. Que a él le cobraban para que pudiera trabajar sin intervenciones policiales”, señaló el fiscal.
Política

“Lo de Diego Hak es un tema muy pero muy delicado. Se trata de un funcionario que es nada menos que el responsable de la inteligencia y la seguridad de todos los cordobeses, y que maneja información confidencial más que nadie. Tanto en la provincia como en esta ciudad”, dijo el jueves a este diario el intendente Ramón Mestre y repitió ayer durante los festejos por el aniversario de la Fundación de Córdoba.

Nada es casual en la política. Sólo que a veces la realidad desnuda las intenciones de los protagonistas.
El PJ difundió una publicidad por el 445° aniversario de la ciudad de Córdoba, en la que destacaba las obras que Unión por Córdoba hizo en la Capital. El objetivo inocultable era contrastar con la gestión del intendente Ramón Mestre.

Desde fines de abril, la Argentina soporta una corrida cambiaria apenas contenida por la suba de tasas, que son “impagables” para la producción, advierte el consultor Oscar Piccardo.

No es fácil tratar un tema, y más uno tan delicado como una denuncia contra un funcionario, cuando esta se basa en un supuesto video que todavía casi nadie vio.
Pero, claro: aun así está provocando una tormenta que no se sabe cuándo amainará.
El escándalo que derivó ayer en la renuncia de Diego Hak al frente de la Secretaría de Seguridad de Córdoba tiene todo para convertirse en una sugestiva novela negra.

Buenos Aires. Sobre un total de 53.652 funcionarios de la administración nacional, 5.424 no presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales. Los números hablan de algo más del 10 por ciento la magnitud del incumplimiento establecido por ley.
Los datos surgen de un informe que difundió la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce la macrista Laura Alonso.El 10% no cumplió con lo que estipula la ley. En ese grupo hay cuatro embajadores. Desde la Oficina Anticorrupción se aseguró que creció el nivel de cumplimiento.
EspecialPolítica